domingo, 8 de octubre de 2017

ENDEUDAMIENTO A 100 AÑOS - Javier Llorens

Deuda a 100 años: desfalco de U$S 5.000 millones e interés del 11 % anual

La emisión de deuda a 100 años, estuvo calzada paralelamente con dos inexplicables y enormemente onerosas operaciones de venta y recompra de títulos (REPO) a cortísimo plazo, concretadas con los mismos bancos que tomaron la deuda a 100 años. Se perpetró así una maniobra, en la cual los enormes márgenes que dichos bancos obtuvieron con las REPO, hicieron que el capital realmente prestado a 100 años fuera menos de la mitad, igual que sucedió con el préstamo de la Baring durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, 200 años atrás. Devolviendo además todo el capital recibido en préstamos en solo cinco años, en el año 2022. Elevándose así el rendimiento global para los bancos al 11 % anual, más del doble del esgrimido por el Gobierno para justificar el actual reendeudamiento.
Javier Llorens – 4/10/2017

Demoradamente a principios de agosto, el Gobierno hizo pública otra operación de venta y recompra de títulos (REPO, Repurchase Agreement, o venta con pacto de retroventa) similar a la del mismo tipo concretada a fines de junio, simultáneamente con la emisión de la escandalosa deuda a 100 años.
La particularidad que tienen estas dos operaciones de REPO, es que fueron concretadas con los mismos grupos bancarios que colocaron la deuda a 100 años, Nomura, HSBC, CITIBANK, y Santander. Ya sea con la misma personería jurídica, o con otras firmas pertenecientes al mismo grupo, como se puede ver en el siguiente cuadro.
El total de las operaciones con ellos, como se puede ver en el cuadro, sumaron nada menos que 6.950 millones de dólares. Pero en realidad a esos bancos se le entregaron títulos por 11.150 millones de dólares, siendo este el eje de la estafa financiera que se ha concretado. Que le representará al país una pérdida a valor actual de más de u$s 5.000 millones, porque lógicamente a todos esos títulos hay que sumarle sus respectivos intereses.
La cuestión parece compleja para el común de la gente, pero no lo es. Consistió por un lado en colocar una inédita deuda a 100 años por 2.750 millones de dólares, con supuestamente un interés del 7,125 % anual, que de por sí ya resulta elevado, al superar largamente los estándares internacionales. Pero si se le resta el precio de colocación y los gastos, el interés real sobre el capital neto recibido sube al 8,1 % anual, lo cual ya le da un color oscuro.
Pero a la par con esos mismos grupos de bancos, lo cual evidencia la existencia de una maniobra concretada con la complicidad de las autoridades del ministerio de Finanzas, encabezado por Luis Caputo, se hicieron dos operaciones de venta de títulos con pacto de retroventa (REPO en su abreviatura en inglés). Que es una operación en el que el Tesoro vende los títulos a un tercero, obligándose a recomprárselos en un plazo determinado, en estos casos en un año y medio, 18 meses.
Hasta aquí todo muy bien, pero acá viene la manganeta hablando en lunfardo. Que consiste en vender los bonos al valor nominal, pero pactándose además un margen de garantía o haircut (corte de pelo en inglés) que en este caso fue del 50 % del total. O sea que el Tesoro entregó una cantidad de bonos un 100 % mayor, el doble de su valor nominal.
Recibió un importe de 4.200 millones de dólares, y entregó bonos Bonar 24, por un valor nominal de 8.400 millones. Mediante ampliar el ministro de Finanzas Caputo una emisión que había dispuesto el anterior Gobierno en el año 2014, en nada menos que 13.000 millones de dólares (Resoluciones 89, 117, y 151/2017). Estando además autorizado a hacerlo por el presidente Mauricio Macri hasta 20.000 mil millones de dólares, para destinarlos a estas ruinosas operaciones de REPO (Decreto 334/2017).
Así la esencia de la manganeta consiste en que ínterin, el dueño momentáneo de los bonos es quien cobra los altos intereses fijados en el cupón de esos viejos bonos, del 8,75 % anual. Pero como recibe el doble de la cantidad de bonos, en realidad por la cifra prestada que es la mitad, está cobrando un interés del 17,5 % anual.
Pero ahí no acaba la cosa, porque el Estado debe pagar un adicional por el rescate de esos bonos que en este caso para ambas REPO fue por 274 millones de dólares. Lo que hace que el más que ruinoso costo financiero de ambas operaciones con los mismos bancos intervinientes en la deuda a 100 años, trepe a 1.366 millones de dólares, a cambio de prestarnos 4.200 millones de la misma moneda a 18 meses. Trepando en consecuencia el rendimiento de la operación para los bancos intervinientes a un inusitado 24 % anual, como se puede ver en el cuadro adjunto.
O sea que en 18 meses, dichos bancos obtendrán una ganancia equivalente al 55 % del capital neto de 2.475 millones que nos prestaron a 100 años, deducidos de su monto nominal su precio bajo la par, gastos, y comisiones. Por lo que en consecuencia el capital neto neto prestado con los bonos a 100 años, será durante 98 años de solo de 1.109 millones de dólares, o sea el 40 % de su importe nominal de 2.750 millones.
Bono que dicho sea de paso se colocó solo hace dos meses al 90 %, y hoy su cotización es a la par. O sea que esos dos meses le costaron al Estado y a los argentinos nada menos que 275 millones de dólares.
Este negociado se equipara así con el de la deuda por un millón de libras esterlinas contraída en 1824 con la banca inglesa Baring Brothers, por el entonces presidente Bernardino Rivadavía, que se terminó de pagar recién en el siglo siguiente, en el año 1904. De la cual deducidas comisiones, y pagos de intereses anticipados, solo llegaron a estas playas 2.000 libras esterlinas en efectivo, y 62.000 en letras a favor de comerciantes ingleses. Imponiendo Baring además, “por prudencia de mandar dinero a tanta distancia”, dejar depositado en su banco los 500.000 restantes, pagando un 3 % de interés anual.
Hoy casi 200 años después, como se nada hubiéramos aprendido, con el presidente Mauricio Macri emulando a Bernardino Rivadavia, quién decía que todo se solucionaba contrayendo deuda externa, volvemos a repetir una expoliación parecida.
En consecuencia el rendimiento combinado de la deuda a 100 años a favor de los bancos intervinientes, no es del 7,125 % anual, ni del 8,10 %, sino que trepa al 11 % anual a largo de un siglo. Como se puede ver en el siguiente cuadro, cuyo flujo se ha cortado entre los años 2025 y 2110 por razones de espacio.
Del mismo surge que tras haber recibido un monto máximo de préstamos de 6.675 millones de dólares entre junio y agosto de 2017 por parte de dicho grupo de bancos, este importe quedará íntegramente cancelado en el año 2022, o sea solo en cinco años. Pero además, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, a fines del año que viene 2018, el capital neto prestado, se habrá reducido a solo 815 millones de dólares, de los 6.675 millones obtenidos.
Comienza así desde el año 2022, un flujo negativo que llegará a los 21.234 millones de dólares en el año 2117. Como consecuencia de un resultado negativo de las REPOs de 1.366 millones de dólares, que se concretara en el 2018. Y de un resultado negativo de la deuda a 100 años de 19.869 millones de dólares, que se concretará en el 2117, tal como se puede apreciar en el gráfico de la portada.
El valor actual de ese resultado negativo, si se lo calcula con la tasa del 4,8 % anual, la que según declaró recientemente el ministro de Finanzas Luis Caputo, es la tasa actual promedio de endeudamiento del país, representa una pérdida a valor de hoy de 2.667 millones de dólares, equivalente a valor actual al 40 % de lo obtenido en préstamo. Y si se lo calcula con la tasa del 3 % anual, que el actual Gobierno ha fijado como meta de crecimiento del país, la pérdida a valor actual trepa a 5.051 millones de dólares, equivalente al 77 % de lo obtenido en préstamo.
En cualquier país con un mínimo de seriedad, su Parlamento o Congreso habría tomado cartas en el asunto, ante este descomunal negociado financiero. Pero en Argentina el Congreso parece ser la escribanía, no del Poder Ejecutivo, sino de un desbocado ministerio de Finanzas, no obstante las obligaciones constitucionales que detenta en relación con el endeudamiento público.
Y parece que en Argentina también la justicia nada tiene que ver con la cuestión de los desfalcos, estafas, y expoliaciones perpetradas desde tiempo inmemorial con las finanzas públicas. En cuya gestión funcionarios y banqueros parecen tener asegurada una absoluta indemnidad, cualquiera sea el tamaño de sus fechorías que tanto daño hacen a la sociedad toda.-

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